Columna de Carlos Adrianzén
El tema de la libre desafiliación está hoy en el centro del debate. Todos parecen estar convencidos de su conveniencia: políticos, laboralistas, dictadores sindicales y hasta… las víctimas de esta historia. Ésos miles de trabajadores que aportaron bajo el régimen estatal saqueado entre los setenta y noventa. Incluso hoy las víctimas –los trabajadores transferidos compulsivamente a las AFP sin su plata- ven en la desafiliación todo lo que no es: una solución satisfactoria a su drama. En estas líneas, los invito a enfocar los elementos clave de esta historia y a formarse usted mismo una idea clara de lo que pasó.
Primero lo primero. Entre los setentas y noventas los fondos y reservas del sistema solidario estatal desaparecieron. Las causas de esta evaporación habrían sido tres: la erosión real de estos ahorros previsionales en el IPSS por las finanzas inflacionarias prevalecientes entre 1974 y 1992; el recurrente incumplimiento de los aportes de entidades estatales; y la politización y elevada corrupción del manejo del Instituto Peruano de Seguridad Social. Hoy en día, sugestivamente, hasta las estadísticas han virtualmente desaparecido.
Así, a mediados de los noventas el régimen de Alberto Fujimori liquidó el IPSS, desdoblando sus funciones hacia dos entidades, grosso modo una previsional –Oficina de Normalización Previsional- y otra de prestación de servicios de salud (Essalud). Este desdoblamiento tenía una contraindicación. La ONP nació insolvente. El saldo real de lo ahorrado por décadas había sido esquilmado varias veces. Por ello, el gobierno reasignó un volumen limitado de los ingresos por privatizaciones hacia la ONP y dispuso que se redirijan hacia ella sólo los ya jubilados bajo el régimen estatal. Como se conoce hoy, bajo este esquema, las insolvencias previsibles de la ONP serían –y son hoy- cubiertas por los contribuyentes.
La clave de esta historia se descubre cuando recordamos que quienes venían aportando desde hace varias décadas -y que les faltaba poco para jubilarse- fueron lanzados al sistema privado pero… sin su plata. Repito: sin devolverles sus aportes. De hecho, los estrechos criterios por los cuales se asignaban los llamados Bonos de Reconocimiento configuran evidencia de abierta apropiación por parte del Estado Peruano. En buen español, gente que había aportado volúmenes significativos de recursos a lo largo de gran parte de su vida laboral, fue abiertamente despojada, y lanzada compulsivamente a las AFP, por el gobierno peruano. Faltándoles pocos años para jubilarse y dados sus bajos ingresos, las denuncias sobre magras jubilaciones en el sistema privado comenzaron a aflorar.
Es curioso, sobre este punto, descubrir como las críticas –usualmente cargadas de ideología socialista- se enfocan sobre las administradoras privadas y no sobre quienes se apropiaron y licuaron los recursos de los trabajadores.
La llamada libre desafiliación, estimado lector, no señala otra cosa que permitir que los trabajadores que fueron obligatoriamente transferidos a las AFP puedan redirigirse “libremente” hacia la insolvente ONP. Una opción difícil de justificar si anticipamos que el fisco podría mañana enfrentar nuevamente periodos de vacas flacas, en los cuales verosímilmente las pensiones de la ONP se comprimirían en términos reales.
El fondo de esta historia no implica dilucidar tanto si es mejor un sistema privado de capitalización individual versus uno estatal y solidario . Implica preguntarse: ¿cuánto valdrían actualmente los ahorros de estos trabajadores hoy?, ¿por qué estos recursos no fueron con los trabajadores a las AFP?, ¿porque existe tanto afán por olvidar el peor latrocinio de nuestra historia reciente?
Tomar la libre desafiliación como una solución es sólo una pantomima. Esta gente ahorró, fue desvalijada por el Estado Peruano y nadie habla hoy de devolverles sus ahorros o del monto de lo despojado (la Deuda Previsional). Aquí resulta sugerente destacar cómo toda la clase política de estos días -desde Lourdes hasta Ollanta- coincide buscando este pusilánime olvido y vendiendo esta falsa salida (la desafiliación de las AFP) como un asunto de justicia o como la lucha contra las “poderosas” administradoras privadas.
Sí, una pregunta se cae de madura. Una vez calculado el monto de los ahorros “perdidos” por el Estado Peruano: ¿De dónde se sacaría para devolverlos? Una solución lógica y coherente a este problema podría ser el crear un fondo de cumplimiento de la deuda provisional estructurado sobre el íntegro de los ingresos de futuras concesiones, asociaciones público-privadas y otros esquemas de privatización.
Estimado lector: antes que la libre desafiliación hay que calcular el valor actual y devolver lo desvalijado. Hecho esto, los mismos trabajadores –con algún estimado de lo que aportaron- podrán elegir entre ir al sistema previsional privado, manteniendo la propiedad de su plata, o echar ésta al fondo común o solidario que maneja la ONP.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario