El optimismo y el desarrollo

Columna de Claudia Cooper en Gestión

“Nunca podemos permitirnos un optimismo completo. Si el pesimismo radical es nocivo, estéril, el absoluto optimismo es una ingenuidad peligrosa”.
Esta frase escrita por Jorge Edwards en una artículo de opinión publicado hace una semanas en El Comercio grafica bastante bien los sentimientos encontrados que nos produce la bonanza económica actual tanto peruana como internacional.
El círculo virtuoso de que somos testigos y que nos ha impulsado a muchos y al Gobierno a incrementar nuestros pronósticos de crecimiento, se basa en una expansión económica gracias a una creciente inversión financiada a través del ahorro (tanto externo como interno), a diferencia del periodo expansivo anterior sustentado en el endeudamiento externo tanto privado como público. Este crecimiento viene dándose hasta ahora, sin limitaciones ni cuellos de botella, en gran medida gracias al bajo nivel inicial, especialmente si nos comparamos a nuestros vecinos.
Así, nos encontramos ante una estructura exportadora cargada de minerales cuyos precios no podían ser mejores, generándose estabilidad cambiaria y baja inflación. También gozamos, a diferencia de Chile o Argentina, de una capacidad energética reforzada con Camisea que ha permitido abastecer a una industria con crecimientos superiores al 7%. Por si fuera poco, contamos mercado de capitales listo para aprovechar el contexto global de alta liquidez, que ya llevó los spreads por riesgo crediticio y riesgo cambiario a niveles que difícilmente podrán continuar cayendo. Así, la estabilidad de precios ayudada por la estabilidad cambiara permite al Perú contar con las tasas de interés más bajas de la región, haciendo ya difícil pensar, en un contexto de menor expansión de la liquidez global, que su tendencia de tasas a la baja tiene aún demasiado espacio. Esto especialmente en los instrumentos peruanos donde los spreads crediticios y de mercado así como los ratios bursátiles ya parecen descontar eventos como el grado de inversión y la firma del TLC.
Por otro lado, contamos con un mercado laboral que al ser prominentemente informal, viene generando una oferta infinita de trabajo. Esto se traduce en incremento de salarios reales negativos desde el 2004, lo que abona a favor de la baja inflación, las bajas tasas de interés, etc, etc.
En este especial contexto de virtuosismo macroeconómico ya empiezan a requerirse factores que faciliten las inversiones de mucho más largo plazo y que trasciendan un periodo gubernamental y con rentabilidades menores a las del negocio minero.
En cuanto al TLC hay que ser también responsables y no olvidar que su firma es una condición necesaria pero no suficiente para lograr con éxito convertirlo en el eslabón que requerimos para volvernos una economía sólida y capaz de resistir los embates de un ciclo recesivo mundial. Para bajar a la realidad, es interesante evaluar lo que ocurrió con los países centroamericanos luego que firmaron el CAFTA. Las negociaciones del tratado de libre comercio centroamericano comenzaron en enero de 2003 y se logró acuerdo con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua el 17 de diciembre de 2003 y con Costa Rica el 25 de enero de 2004. Este último es el único país que no ha aprobado el Tratado debido a la fuerte oposición de algunas fuerzas políticas del país.
Panamá y Costa Rica, que aún no cuentan con el TLC son los países que más inversión extranjera directa (IED) han recibido en el 2005 y 2006 según el último informe de inversión extranjera publicado por la CEPAL. Utilizando datos de este informe vemos que los países que más han visto incrementada su IED en los años 2006 y 2006 respecto al periodo 2002-2004 son Panamá y Costa Rica. En ambos países la IED pasó de representar el 3% del PBI en el periodo 2002-04 a ser el 15.7% y el 7% del mismo respectivamente en los años 2005 y 2006. Y en Colombia ocurrió lo mismo (la IED pasó de 1.3% del PBI a 6.5% entre ambos periodos). No ocurre lo mismo con los países del Cafta. En el Salvador la inversión extranjera se mantuvo estancada en 2.1% y el Guatemala, Honduras y Nicaragua el ratio se mantuvo en niveles bajos y el incremento en el mismo no fue significativo (de 0.4% a 0.9% en el primer caso, de 3.2% a 4.4% en el segundo y de 4.9% a 5.1% en el tercero).
¿La razón? Probablemente factores institucionales, laborales y de competitividad. Uno puede ver que existe cierta relación entre el grado de informalidad laboral y la atracción de inversión extranjera, especialmente la ligada a los tratados de libre comercio donde la formalidad es un requisito para exportar. Así, Colombia Panamá y Costa Rica cuentan con una informalidad de 58%, 48% y 37% respectivamente, mientras que los cuatro ya miembros del Cafta, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador muestran ratios de informalidad mucho más altos (88%, 86%, 80% y 73%). Aquí, el Perú se ubica más cerca del segundo grupo con 71%. ¿Cómo esperamos un TLC hacia adentro e impactos sustanciales de éste sobre nuestra economía, sin sacar al Perú de los últimos lugares en competitividad laboral?
Si analizamos otros aspectos institucionales como cumplimiento a la Ley, corrupción de funcionarios y a indicadores referentes a la continuidad económica como carencia de apoyo a las dictaduras o satisfacción con la economía de mercado se mantiene la misma estructura. Colombia, Costa Rica y Panamá, dentro de una muestra de 18 países latinoamericanos obtienen los puestos 2do. 6to y 7mo, mientras que El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras el 10mo, 12avo, 13avo y 14avo. El Perú, clasifica como 17avo confirmando su debilidad institucional.
Así, parece que es la viabilidad de largo plazo de las reglas de juego lo que va a determinar las inversiones a gran escala y de largo plazo y en sectores no extractivos, siendo el TLC un aliado y no al revés.
Una de las fortalezas fiscales peruanas es la flexibilidad del gasto, el cual no está indexado a ninguna variable, lo hace factible un ajuste fiscal relativamente rápido en caso haya un ajuste en los metales que reduzca drásticamente el impuesto a la renta. Aquí cabe preguntarse si la actual desesperación Gubernamental por gastar a como de lugar y rápido no haga el proceso irreversible y tengamos que decirle adiós a esa flexibilidad… y al grado de inversión. ¿Cuál es el apuro?. En aras de una mayor institucionalidad, lo que conlleva un costo, ¿no es mejor hacer madurar de forma sólida a la inversión pública y no desesperarnos en acelerar un proceso, destruyendo indiscriminadamente (sin crear nuevas mejores) todas las normativas y estructuras existentes, que corre serio riesgo de desencadenar en corrupción e ineficiencia. No vaya a ser que estemos creando un peligro mayor al que queremos resolver, especialmente cuando los vientos empiecen a virar.