Columna de Fernando Zavala en Peru 21
Luego de varios desaciertos en la aprobación de leyes en el Congreso, esta semana se han aprobado dos importantes normas que buscan mejorar la educación y la forma de hacer trámites con el Estado. En primera votación se aprobó la nueva Ley de la Carrera Magisterial, que busca introducir conceptos como meritocracia, evaluación de desempeño y participación de los padres en la educación pública y así desterrar el concepto de la estabilidad laboral absoluta en el magisterio. Es un muy buen segundo paso (el primero fue la evaluación de los maestros) para lograr una educación que ayude a seguir creciendo sostenidamente. También se promulgó la Ley del Silencio Administrativo, que busca agilizar los trámites públicos para el ciudadano y la empresa. Esperemos que la Comisión Permanente pueda, en algo, resarcir la mala imagen del Congreso y no apruebe o insista en leyes populistas que lo único que logran es alejarnos de la institucionalidad y del grado de inversión.
Mostrando entradas con la etiqueta Reforma del Estado. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Reforma del Estado. Mostrar todas las entradas
domingo, 8 de julio de 2007
lunes, 11 de junio de 2007
Otro tipo de investigación
Columna de Fernando Zavala en Peru 21
Una vez más (ya van 17 veces) se quiere investigar si en el BCR y en otras instituciones del sector economía existen irregularidades. Los que conocen de administración pública saben que el BCR, seguido del MEF, la Sunat y la SBS son modelos de institución pública a nivel internacional. En los últimos años estas instancias han sido el soporte para llevar adelante importantes reformas y mantener la estabilidad económica. La investigación que se ha planteado en los últimos días sí se debería realizar pero con otro enfoque: averiguar cómo estas instituciones han logrado ser eficientes, cómo han logrado institucionalidad y por qué son reconocidas internacionalmente. Se debería investigar (para aplicarlo al resto de la administración pública) cómo el BCR sigue captando a los mejores economistas del país pagando sueldos por debajo del mercado, averiguar cómo hacen para tener el mayor número de profesionales con grado de doctor y cómo han logrado tener una línea de carrera reteniendo a los mejores. No maltratemos a instituciones que son eficientes y que pueden ser un ejemplo para la reforma del Estado.
Una vez más (ya van 17 veces) se quiere investigar si en el BCR y en otras instituciones del sector economía existen irregularidades. Los que conocen de administración pública saben que el BCR, seguido del MEF, la Sunat y la SBS son modelos de institución pública a nivel internacional. En los últimos años estas instancias han sido el soporte para llevar adelante importantes reformas y mantener la estabilidad económica. La investigación que se ha planteado en los últimos días sí se debería realizar pero con otro enfoque: averiguar cómo estas instituciones han logrado ser eficientes, cómo han logrado institucionalidad y por qué son reconocidas internacionalmente. Se debería investigar (para aplicarlo al resto de la administración pública) cómo el BCR sigue captando a los mejores economistas del país pagando sueldos por debajo del mercado, averiguar cómo hacen para tener el mayor número de profesionales con grado de doctor y cómo han logrado tener una línea de carrera reteniendo a los mejores. No maltratemos a instituciones que son eficientes y que pueden ser un ejemplo para la reforma del Estado.
sábado, 2 de junio de 2007
¿Falla el modelo o falla el Estado?
Columna de Gianfranco Castagnola en Peru 21
Si no se produce ningún shock externo, la producción del país continuará creciendo a tasas elevadas en los siguientes tres años. El PBI habrá pasado de US$53 mil millones en 2001 -cuando se inició el ciclo expansivo- a US$120 mil millones en 2009. El PBI per cápita se duplicaría, de US$2,081 a US$4,155. Este crecimiento está siendo liderado principalmente por la inversión que, contrariamente a lo que se sostiene, no está concentrada en la minería o en el gas, sino que abarca la mayoría de sectores productivos, muchos de ellos muy intensivos en generación de empleo. Si no hay cambios sustanciales en las políticas sociales, la pobreza se habrá reducido de 54% a 45%. Si bien se trata de un millón de pobres menos, es un avance insuficiente. El crecimiento sí está produciendo recursos fiscales para combatir la pobreza, pero el Estado no cumple con mejorar la educación, expandir la infraestructura y crear otras condiciones favorables para que los pobres se beneficien del modelo económico.
Si no se produce ningún shock externo, la producción del país continuará creciendo a tasas elevadas en los siguientes tres años. El PBI habrá pasado de US$53 mil millones en 2001 -cuando se inició el ciclo expansivo- a US$120 mil millones en 2009. El PBI per cápita se duplicaría, de US$2,081 a US$4,155. Este crecimiento está siendo liderado principalmente por la inversión que, contrariamente a lo que se sostiene, no está concentrada en la minería o en el gas, sino que abarca la mayoría de sectores productivos, muchos de ellos muy intensivos en generación de empleo. Si no hay cambios sustanciales en las políticas sociales, la pobreza se habrá reducido de 54% a 45%. Si bien se trata de un millón de pobres menos, es un avance insuficiente. El crecimiento sí está produciendo recursos fiscales para combatir la pobreza, pero el Estado no cumple con mejorar la educación, expandir la infraestructura y crear otras condiciones favorables para que los pobres se beneficien del modelo económico.
domingo, 27 de mayo de 2007
Capital humano para el sector público
Columna de Fernando Zavala en Peru 21
¿Cómo hago para trabajar en la administración pública?, fue una pregunta que me hicieron hace poco un grupo de alumnas de economía del último ciclo de la Universidad del Pacífico. A diferencia de los alumnos que quieren dedicarse al sector privado, en donde antes de terminar la carrera muchos de ellos ya tienen contratos asegurados, en el caso de la administración pública, a excepción del BCR, la respuesta no es sencilla. Más allá de tener un contacto en algún ministerio, aún no existe un mecanismo institucional que le permita a ese capital humano recién formado postular y trabajar en la administración pública y, sobre todo, tener una perspectiva clara de cuál puede ser su línea de carrera en el futuro. Es urgente canalizar el interés por lo "público" de forma transparente. Debemos terminar la reforma de la carrera pública, debemos cambiar también el sistema de pagos a uno por objetivos y que reconozca la meritocracia. Además, debemos incentivar y apoyar que más jóvenes busquen perfeccionarse con maestrías o doctorados y que puedan regresar al país a fortalecer y modernizar la administración pública. Si queremos un buen y cada vez mejor servicio público, el Estado debe poder competir con el sector privado para tener y retener a los mejores profesionales.
¿Cómo hago para trabajar en la administración pública?, fue una pregunta que me hicieron hace poco un grupo de alumnas de economía del último ciclo de la Universidad del Pacífico. A diferencia de los alumnos que quieren dedicarse al sector privado, en donde antes de terminar la carrera muchos de ellos ya tienen contratos asegurados, en el caso de la administración pública, a excepción del BCR, la respuesta no es sencilla. Más allá de tener un contacto en algún ministerio, aún no existe un mecanismo institucional que le permita a ese capital humano recién formado postular y trabajar en la administración pública y, sobre todo, tener una perspectiva clara de cuál puede ser su línea de carrera en el futuro. Es urgente canalizar el interés por lo "público" de forma transparente. Debemos terminar la reforma de la carrera pública, debemos cambiar también el sistema de pagos a uno por objetivos y que reconozca la meritocracia. Además, debemos incentivar y apoyar que más jóvenes busquen perfeccionarse con maestrías o doctorados y que puedan regresar al país a fortalecer y modernizar la administración pública. Si queremos un buen y cada vez mejor servicio público, el Estado debe poder competir con el sector privado para tener y retener a los mejores profesionales.
jueves, 19 de abril de 2007
Reforma del Estado desde la micro
Columna de Guillermo Díaz en Gestión
En la actualidad la concepción de la Reforma del Estado es impulsada “desde arriba” , es decir dentro de un proceso que comanda el Poder Ejecutivo y donde, por ejemplo, existe un consenso casi unánime sobre el importante rol que juega el gasto público, no solo en términos de su calidad y eficiencia, sino también en relación a su misma ejecución. Y cuando nos referimos al gasto estamos pensando más que en el gasto corriente en el de capital y el social, justamente dos de las partidas, sobretodo la primera, que han sido variables de ajuste cuando los gobiernos, aumentando el gasto corriente, han hecho “esfuerzos” por cumplir las metas fiscales. Si bien lo anterior puede ser historia, el presente no deja de preocupar, por las contradicciones que se observan, cuando existiendo ingentes recursos fiscales, uno aprecia una parálisis en las instituciones del gobierno respecto a autorizaciones de gasto, a raíz de la “famosa” licitación de los patrulleros; y, adicionalmente, cuando las autoridades de una región como Ancash, que cuenta con un presupuesto “envidiable” producto de los sobresalientes resultados de la actividad minera, han impulsado un paro que trae como consecuencia altos costos económicos para la propia región.
Los hechos anteriores se dan en el actual contexto económico que tiene como principales fuerzas motoras, que: (i) las perspectivas de crecimiento para el presente año bordean e incluso, en algunos casos, superan el 7%, como consecuencia de un mayor aporte de la demanda interna que de la externa, es decir se observa una renovada confianza de los inversionistas y consumidores; (ii) los bancos de inversión coinciden en que el Perú es el país con la mayor probabilidad, en la región, en recibir, en los próximos meses, una calificación de grado de inversión; y (iii) la cartera de proyectos de inversión en minería, hidrocarburos y electricidad superan los US$15 mil millones en los próximos 5 años; entre otros.
¿Acaso las autoridades del gobierno, en su mas amplio sentido, central, regional y municipal, no son conscientes de que hoy mas que nunca urge reducir la pobreza, mejorando el gasto social y de infraestructura publica? ¿Qué registrar un superávit fiscal por segundo año consecutivo (tal como se vislumbra) más que ser una buena señal (en este contexto de altos ingresos públicos coincidente con un elevado índice de pobreza) puede ser reflejo de la incapacidad de gastar?. Lo que se requiere hoy en día es que el ciudadano de a pie recupere la confianza en la institución llamada “Gobierno”, que se sienta respaldado y respetado por éste. Como varias veces lo he mencionado a través de esta columna, la confianza del ciudadano en sus instituciones es un determinante clave en la senda de crecimiento futura de un país.
En esta línea, urge que la agenda del gobierno se concrete de manera integral y con plazos establecidos de manera que el ciudadano pueda evaluar su avance, con objetivos de mediano y largo plazo. En el corto plazo se vienen haciendo importantes esfuerzos en educación y los programas sociales, pero, ¿Qué viene mas adelante?. ¿Se está monitoreando la gestión de los gobiernos regionales? ¿y de los municipales?. Ante este panorama, ¿no sería mejor como propone Boza (2006) que se impulse una reforma desde una perspectiva “micro”?. Esta perspectiva lo que hace es rescatar aquellas buenas prácticas al interior del gobierno, para replicarlas a un mayor nivel y que de esta forma empezar a sentar las bases para que la Reforma del Estado se centre la gente y se oriente al ciudadano. Porque si bien la visión “macro” del gobierno presenta cierta ineficiencia e incapacidad para resolver los problemas, hay muchas experiencias a nivel “micro” que deben se rescatadas y replicadas, para lo cual, por ejemplo, el Premio de Buenas Practicas Gubernamentales, impulsado por Ciudadanos al Día (CAD), este año en su tercera edición, se constituye en una espléndida ocasión para reconocer que no todo es malo en el Estado, y que se puede mejorar la gestión pública “desde abajo”.
En suma, si bien no toda la gestión del “gobierno” es tan mala como parece, es cierto que todas las instancias de gobierno tienen la responsabilidad de replicar aquellas experiencias exitosas y desterrar aquellas que no funcionan. La reforma del Estado debe centrarse en el ciudadano, debe hacer que éste recupere la confianza en el Estado en su forma más integral (desde el ámbito municipal, regional y central, hasta los poderes Legislativo y Judicial), elemento indispensable en la senda de crecimiento futuro del país.
En la actualidad la concepción de la Reforma del Estado es impulsada “desde arriba” , es decir dentro de un proceso que comanda el Poder Ejecutivo y donde, por ejemplo, existe un consenso casi unánime sobre el importante rol que juega el gasto público, no solo en términos de su calidad y eficiencia, sino también en relación a su misma ejecución. Y cuando nos referimos al gasto estamos pensando más que en el gasto corriente en el de capital y el social, justamente dos de las partidas, sobretodo la primera, que han sido variables de ajuste cuando los gobiernos, aumentando el gasto corriente, han hecho “esfuerzos” por cumplir las metas fiscales. Si bien lo anterior puede ser historia, el presente no deja de preocupar, por las contradicciones que se observan, cuando existiendo ingentes recursos fiscales, uno aprecia una parálisis en las instituciones del gobierno respecto a autorizaciones de gasto, a raíz de la “famosa” licitación de los patrulleros; y, adicionalmente, cuando las autoridades de una región como Ancash, que cuenta con un presupuesto “envidiable” producto de los sobresalientes resultados de la actividad minera, han impulsado un paro que trae como consecuencia altos costos económicos para la propia región.
Los hechos anteriores se dan en el actual contexto económico que tiene como principales fuerzas motoras, que: (i) las perspectivas de crecimiento para el presente año bordean e incluso, en algunos casos, superan el 7%, como consecuencia de un mayor aporte de la demanda interna que de la externa, es decir se observa una renovada confianza de los inversionistas y consumidores; (ii) los bancos de inversión coinciden en que el Perú es el país con la mayor probabilidad, en la región, en recibir, en los próximos meses, una calificación de grado de inversión; y (iii) la cartera de proyectos de inversión en minería, hidrocarburos y electricidad superan los US$15 mil millones en los próximos 5 años; entre otros.
¿Acaso las autoridades del gobierno, en su mas amplio sentido, central, regional y municipal, no son conscientes de que hoy mas que nunca urge reducir la pobreza, mejorando el gasto social y de infraestructura publica? ¿Qué registrar un superávit fiscal por segundo año consecutivo (tal como se vislumbra) más que ser una buena señal (en este contexto de altos ingresos públicos coincidente con un elevado índice de pobreza) puede ser reflejo de la incapacidad de gastar?. Lo que se requiere hoy en día es que el ciudadano de a pie recupere la confianza en la institución llamada “Gobierno”, que se sienta respaldado y respetado por éste. Como varias veces lo he mencionado a través de esta columna, la confianza del ciudadano en sus instituciones es un determinante clave en la senda de crecimiento futura de un país.
En esta línea, urge que la agenda del gobierno se concrete de manera integral y con plazos establecidos de manera que el ciudadano pueda evaluar su avance, con objetivos de mediano y largo plazo. En el corto plazo se vienen haciendo importantes esfuerzos en educación y los programas sociales, pero, ¿Qué viene mas adelante?. ¿Se está monitoreando la gestión de los gobiernos regionales? ¿y de los municipales?. Ante este panorama, ¿no sería mejor como propone Boza (2006) que se impulse una reforma desde una perspectiva “micro”?. Esta perspectiva lo que hace es rescatar aquellas buenas prácticas al interior del gobierno, para replicarlas a un mayor nivel y que de esta forma empezar a sentar las bases para que la Reforma del Estado se centre la gente y se oriente al ciudadano. Porque si bien la visión “macro” del gobierno presenta cierta ineficiencia e incapacidad para resolver los problemas, hay muchas experiencias a nivel “micro” que deben se rescatadas y replicadas, para lo cual, por ejemplo, el Premio de Buenas Practicas Gubernamentales, impulsado por Ciudadanos al Día (CAD), este año en su tercera edición, se constituye en una espléndida ocasión para reconocer que no todo es malo en el Estado, y que se puede mejorar la gestión pública “desde abajo”.
En suma, si bien no toda la gestión del “gobierno” es tan mala como parece, es cierto que todas las instancias de gobierno tienen la responsabilidad de replicar aquellas experiencias exitosas y desterrar aquellas que no funcionan. La reforma del Estado debe centrarse en el ciudadano, debe hacer que éste recupere la confianza en el Estado en su forma más integral (desde el ámbito municipal, regional y central, hasta los poderes Legislativo y Judicial), elemento indispensable en la senda de crecimiento futuro del país.
domingo, 1 de abril de 2007
¿Contrarreforma del Estado?
Columna de Gianfranco Castagnola en Peru 21
El Gobierno se encuentra frente a una situación inédita en los últimos 50 años: dispone de recursos pero no los puede gastar. Se desespera, dicta medidas para acelerar los procedimientos y presiona a las entidades ejecutoras para que corran -con los riesgos que esto conlleva, como se vio en el caso de los patrulleros-, pero la ejecución del gasto sigue retrasada. Para poder gastar más rápido y bien, se requiere revisar el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado -diseñado en épocas de penurias fiscales, cuando se quería 'trabar' el gasto-. Pero, sobre todo, se requiere de una gestión diligente: funcionarios capaces y honestos, que puedan priorizar los proyectos en forma técnica y conducir adecuadamente los procesos de adquisición. Lamentablemente, el Gobierno no lo entiende. Se ha concentrado en unas cuantas fusiones de organismos y, por el contrario, ha impuesto restricciones remunerativas que están alejando a estos técnicos del sector público.
El Gobierno se encuentra frente a una situación inédita en los últimos 50 años: dispone de recursos pero no los puede gastar. Se desespera, dicta medidas para acelerar los procedimientos y presiona a las entidades ejecutoras para que corran -con los riesgos que esto conlleva, como se vio en el caso de los patrulleros-, pero la ejecución del gasto sigue retrasada. Para poder gastar más rápido y bien, se requiere revisar el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado -diseñado en épocas de penurias fiscales, cuando se quería 'trabar' el gasto-. Pero, sobre todo, se requiere de una gestión diligente: funcionarios capaces y honestos, que puedan priorizar los proyectos en forma técnica y conducir adecuadamente los procesos de adquisición. Lamentablemente, el Gobierno no lo entiende. Se ha concentrado en unas cuantas fusiones de organismos y, por el contrario, ha impuesto restricciones remunerativas que están alejando a estos técnicos del sector público.
jueves, 8 de marzo de 2007
Aprendiendo a comprar
Columna de Eduardo Morón en El Comercio
La vida siempre tiene contrastes. Este último mes el gobierno peruano por un lado estrenó el sistema de subastas inversas virtuales y junto a ello los papelones en las compras estatales han estado a la orden del día. Ante la vista de todos el Estado ha demostrado una abrumadora incompetencia para comprar patrulleros, ambulancias, útiles escolares y Dios sabe que más saldrá a la luz pública. En medio del cargamontón se han dicho cosas que no tienen sentido, una ministra se ha ido a su casa mientras otros ministros se han puesto una tuerca más en el asiento. Varios funcionarios públicos han sido “invitados” a renunciar y más de uno tendrá que afrontar algún proceso por haber sido parte de estas compras.
Lo cierto es que muchos no entienden que lo que está mal son los mecanismos y reglas que el Estado tiene para comprar. De nada sirve que se establezcan comisiones investigadoras para 10 o 20 años de licitaciones si lo que estuvo mal fueron los procesos bajo los cuales contrata el Estado. Es decir, si hay un sobreprecio, esa pérdida no es fruto de un delito sino de que se siguieron unas reglas y un procedimiento que está hecho sin pensar en que el Estado podría ahorrar recursos comprando de otra manera. No se puede acusar al funcionario público o a las empresas que participan en dichas licitaciones de corruptos. Si el funcionario público sabe que siguiendo las normas dicha compra no va a darle el mejor resultado al Estado pero no siguiéndolas él va preso es imposible que opte por el segundo camino. ¡Habría que ser idiota!
La solución no está únicamente en que el precio lo fije alguien ajeno al sector público tal como lo ha sugerido una propuesta presidencial. Muchas veces eso no basta. A veces el precio de referencia es fácil porque el bien o servicio que se va a adquirir es muy estandarizado. Ejemplo de ello la compra de SOAT para la flota de vehículos del Estado. Las empresas no pueden ofrecer distintos “seguros” sino todas ofrecen el mismo SOAT, lo que resolverá quien se adjudica la licitación será el que ponga el precio más bajo y punto. ¿Pero cuanto menos podría ser el precio final si hago una segunda ronda sólo informando a los postores de cuál fue el precio mínimo y abriendo otra vez la posibilidad de ofrecer un nuevo precio más bajo?
Algo muy distinto pasa si lo que quiero comprar ni siquiera se vende regularmente en el mercado. En ese caso, ¿cómo establezco un precio de referencia? ¿Se lo pregunto a los potenciales proveedores? Si lo hago, que es como se hace aquí lo obvio es que ellos me entreguen precios más altos que los que podrían estar dispuestos a vender. El quid del asunto en el diseño de mecanismos es hacer que los postores revelen el precio mínimo al que están dispuestos a vender. Una opción eficiente para extraer esa información es la subasta inversa que se ha empezado a utilizar en el Estado desde fines del 2005. El problema es que aún el número de bienes que pueden adquirirse por esta vía es muy limitado y recién este año se hace de manera virtual. En México la mitad de las más de licitaciones ya son electrónicas a través del sistema Compranet Plus, una plataforma electrónica que funciona desde 1996. Y no estamos hablando de comprar papel y lápices, el gobierno de México gasta US$ 30 mil millones al año a través de este mecanismo. Esto ya se utiliza no sólo en México sino también en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los invito a entrar a www.chilecompra.cl cuan distinto pueden hacerse las cosas. Una vez más mi recomendación en este tema es que el gobierno debe aprender a utilizar la fuerza del mercado para obtener un mejor precio y un mejor servicio. El CONSUCODE es el llamado a liderar este esfuerzo, el presidente no debería empujarlo a un costado.
La vida siempre tiene contrastes. Este último mes el gobierno peruano por un lado estrenó el sistema de subastas inversas virtuales y junto a ello los papelones en las compras estatales han estado a la orden del día. Ante la vista de todos el Estado ha demostrado una abrumadora incompetencia para comprar patrulleros, ambulancias, útiles escolares y Dios sabe que más saldrá a la luz pública. En medio del cargamontón se han dicho cosas que no tienen sentido, una ministra se ha ido a su casa mientras otros ministros se han puesto una tuerca más en el asiento. Varios funcionarios públicos han sido “invitados” a renunciar y más de uno tendrá que afrontar algún proceso por haber sido parte de estas compras.
Lo cierto es que muchos no entienden que lo que está mal son los mecanismos y reglas que el Estado tiene para comprar. De nada sirve que se establezcan comisiones investigadoras para 10 o 20 años de licitaciones si lo que estuvo mal fueron los procesos bajo los cuales contrata el Estado. Es decir, si hay un sobreprecio, esa pérdida no es fruto de un delito sino de que se siguieron unas reglas y un procedimiento que está hecho sin pensar en que el Estado podría ahorrar recursos comprando de otra manera. No se puede acusar al funcionario público o a las empresas que participan en dichas licitaciones de corruptos. Si el funcionario público sabe que siguiendo las normas dicha compra no va a darle el mejor resultado al Estado pero no siguiéndolas él va preso es imposible que opte por el segundo camino. ¡Habría que ser idiota!
La solución no está únicamente en que el precio lo fije alguien ajeno al sector público tal como lo ha sugerido una propuesta presidencial. Muchas veces eso no basta. A veces el precio de referencia es fácil porque el bien o servicio que se va a adquirir es muy estandarizado. Ejemplo de ello la compra de SOAT para la flota de vehículos del Estado. Las empresas no pueden ofrecer distintos “seguros” sino todas ofrecen el mismo SOAT, lo que resolverá quien se adjudica la licitación será el que ponga el precio más bajo y punto. ¿Pero cuanto menos podría ser el precio final si hago una segunda ronda sólo informando a los postores de cuál fue el precio mínimo y abriendo otra vez la posibilidad de ofrecer un nuevo precio más bajo?
Algo muy distinto pasa si lo que quiero comprar ni siquiera se vende regularmente en el mercado. En ese caso, ¿cómo establezco un precio de referencia? ¿Se lo pregunto a los potenciales proveedores? Si lo hago, que es como se hace aquí lo obvio es que ellos me entreguen precios más altos que los que podrían estar dispuestos a vender. El quid del asunto en el diseño de mecanismos es hacer que los postores revelen el precio mínimo al que están dispuestos a vender. Una opción eficiente para extraer esa información es la subasta inversa que se ha empezado a utilizar en el Estado desde fines del 2005. El problema es que aún el número de bienes que pueden adquirirse por esta vía es muy limitado y recién este año se hace de manera virtual. En México la mitad de las más de licitaciones ya son electrónicas a través del sistema Compranet Plus, una plataforma electrónica que funciona desde 1996. Y no estamos hablando de comprar papel y lápices, el gobierno de México gasta US$ 30 mil millones al año a través de este mecanismo. Esto ya se utiliza no sólo en México sino también en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los invito a entrar a www.chilecompra.cl cuan distinto pueden hacerse las cosas. Una vez más mi recomendación en este tema es que el gobierno debe aprender a utilizar la fuerza del mercado para obtener un mejor precio y un mejor servicio. El CONSUCODE es el llamado a liderar este esfuerzo, el presidente no debería empujarlo a un costado.
lunes, 5 de marzo de 2007
EL SNIP y las actitudes
Columna de Fernando Zavala en Peru 21
Nuevamente se volvió a discutir las bondades o deficiencias del Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP no es una persona o un ente que aprueba o no los proyectos; es solo una forma de realizar una evaluación técnica de los proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de la inversión pública. Lo que busca asegurar este sistema es que exista una idea clara de lo que se quiere hacer o del problema que se quiere solucionar, para luego analizar las mejores alternativas para resolverlo y cómo hacer ese proyecto sostenible y socialmente rentable en el largo plazo. El problema es que muchas veces los intereses de las autoridades (o sus ideas iniciales) colisionan con la realidad técnica del proyecto (la mejor alternativa). El SNIP debe fortalecerse y seguramente flexibilizarse pero también deben existir autoridades con mayor capacidad de escuchar a sus técnicos y, muchas veces, con la actitud de aceptar que pueden existir proyectos más efectivos que lo que ellos plantearon (pero quizás no tan vistosos o grandes como ellos quisieran) que son la mejor solución al problema de una determinada comunidad o un distrito.
Nuevamente se volvió a discutir las bondades o deficiencias del Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP no es una persona o un ente que aprueba o no los proyectos; es solo una forma de realizar una evaluación técnica de los proyectos con el objetivo de mejorar la calidad de la inversión pública. Lo que busca asegurar este sistema es que exista una idea clara de lo que se quiere hacer o del problema que se quiere solucionar, para luego analizar las mejores alternativas para resolverlo y cómo hacer ese proyecto sostenible y socialmente rentable en el largo plazo. El problema es que muchas veces los intereses de las autoridades (o sus ideas iniciales) colisionan con la realidad técnica del proyecto (la mejor alternativa). El SNIP debe fortalecerse y seguramente flexibilizarse pero también deben existir autoridades con mayor capacidad de escuchar a sus técnicos y, muchas veces, con la actitud de aceptar que pueden existir proyectos más efectivos que lo que ellos plantearon (pero quizás no tan vistosos o grandes como ellos quisieran) que son la mejor solución al problema de una determinada comunidad o un distrito.
domingo, 25 de febrero de 2007
El siguiente escalón
Columna de Fernando Zavala en Peru 21
Hace algunos meses nos preocupó la evaluación del nivel de aprendizaje de los alumnos en el Perú. Esta semana, el ministro de Educación dio a conocer los resultados de la evaluación a los docentes: 46% no puede realizar cálculos aritméticos simples y el 32% tiene problemas en comprensión de lectura de textos sencillos. Sobre la base de este resultado y de las competencias exigidas se definirá el plan de capacitación necesario para los maestros. Sin embargo, queda pendiente la evaluación del siguiente escalón: ¿Cómo evaluamos a los docentes universitarios o a los docentes de los institutos pedagógicos que fueron los que enseñaron a estos maestros que tuvieron notas desaprobatorias? Y aún mayor el reto: ¿cómo hacemos para que los más de 25,000 maestros que se gradúan año a año no tengan las mismas deficiencias que los actuales? Eso nos lleva a no dejar fuera a las universidades públicas e institutos pedagógicos (más de 380 a nivel nacional) del proceso de reforma educativa que ha anunciado el Gobierno. Quizás debamos empezar por ellos.
Hace algunos meses nos preocupó la evaluación del nivel de aprendizaje de los alumnos en el Perú. Esta semana, el ministro de Educación dio a conocer los resultados de la evaluación a los docentes: 46% no puede realizar cálculos aritméticos simples y el 32% tiene problemas en comprensión de lectura de textos sencillos. Sobre la base de este resultado y de las competencias exigidas se definirá el plan de capacitación necesario para los maestros. Sin embargo, queda pendiente la evaluación del siguiente escalón: ¿Cómo evaluamos a los docentes universitarios o a los docentes de los institutos pedagógicos que fueron los que enseñaron a estos maestros que tuvieron notas desaprobatorias? Y aún mayor el reto: ¿cómo hacemos para que los más de 25,000 maestros que se gradúan año a año no tengan las mismas deficiencias que los actuales? Eso nos lleva a no dejar fuera a las universidades públicas e institutos pedagógicos (más de 380 a nivel nacional) del proceso de reforma educativa que ha anunciado el Gobierno. Quizás debamos empezar por ellos.
jueves, 22 de febrero de 2007
Adios SNIP, hola corrupcion
Columna de Carlos Adrianzen en Peru 21
El SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) ha caído en desgracia. Abundan quienes lo quieren borrar del mapa. Pero, ¿qué hace el SNIP para ser tan detestado? Esta institución, cuya construcción ha costado millones de dólares, solo trata de certificarnos que los fondos dirigidos a hacer obra pública se asignen de acuerdo con criterios mínimos de transparencia y costo de oportunidad. Claro, para Fulano -ese congresista sospechosamente apresurado por hacer una carretera donde no pasan más que los camiones de su primo- o para Mengano -ese alcalde curiosamente inquieto por edificar un auditorio enorme (en un pueblito donde no hay posta médica o escuela)- o para Perencejo -ese presidente regional que hizo director a su cuñado (quien resulta negado para hacer un perfil aceptable por el sistema)- el SNIP es una tranca frustrante. Después de todo, tumbárselo o saltárselo es su 'business'. Los proyectos cutreros difícilmente pasan por el SNIP.
El SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) ha caído en desgracia. Abundan quienes lo quieren borrar del mapa. Pero, ¿qué hace el SNIP para ser tan detestado? Esta institución, cuya construcción ha costado millones de dólares, solo trata de certificarnos que los fondos dirigidos a hacer obra pública se asignen de acuerdo con criterios mínimos de transparencia y costo de oportunidad. Claro, para Fulano -ese congresista sospechosamente apresurado por hacer una carretera donde no pasan más que los camiones de su primo- o para Mengano -ese alcalde curiosamente inquieto por edificar un auditorio enorme (en un pueblito donde no hay posta médica o escuela)- o para Perencejo -ese presidente regional que hizo director a su cuñado (quien resulta negado para hacer un perfil aceptable por el sistema)- el SNIP es una tranca frustrante. Después de todo, tumbárselo o saltárselo es su 'business'. Los proyectos cutreros difícilmente pasan por el SNIP.
martes, 6 de febrero de 2007
La Reforma del Estado
Columna de Claudia Cooper en Gestión, Febrero 6, 2007
“La Reforma del Estado en una cuestión más de prácticas que de leyes”; “la gratuidad no es un fin” son frases que encontré en dos columnas de opinión que corresponden a Richard Webb y a Leon Trahtemberg respectivamente y con las cuales no puedo estar más de acuerdo.
En el contexto de ambas frases pues, cabe preguntarse si los teman en la agenda política actual llevan a una real Reforma del Estado o simplemente una “eficiencia” de corto plazo que confunde los fines con los medios. Para ello es bueno revisar las últimas prácticas de la gestión pública.
Uno de las más trascendentales metas de este Gobierno es la elaboración de un presupuesto por resultados, que tiene como objetivo final la eficiencia de los servicios públicos. Sin embargo, si bien nadie está en desacuerdo con esta difícil medida, si deben existir discrepancias sobre la mejor forma de llevarla a cabo y es eso lo que deberíamos estar discutiendo. Aquí, es importante notar el poco respeto al proceso presupuestal actual y el espejismo que vivimos sobre la existencia de una gestión fiscal eficiente. En los últimos años y de forma cada vez más acentuada, el Presupuesto Público es un mero trámite al que todo el mundo le pasa por encima. Bajo el paraguas de una reforma presupuestal de gasto por resultados, el mismo ejecutivo viene arriesgando el éxito de uno de sus principales objetivos al hacernos testigos de una planificación anual que no implica ningún reto, proyectándose ingresos muy por debajo de su real probabilidad de ocurrencia, a fin de no comprometer ningún esfuerzo adicional a correr la ola internacional y sin propiciar la participación del resto de la sociedad. De este modo y por varios años ya, los ingresos del Gobierno han sido muchísimo mayores a los presupuestados, lo que ya llevado a créditos suplementarios que por su superficialidad y rapidez no han servido para hacer más eficiente el gasto sino todo lo contrario. Y nadie pidió un rendimiento de cuentas sobre los recurrentes errores presupuestales. Esto además no es tan inocuo como parece, ya que cuando la tendencia favorable de los precios de los minerales se desacelere o peor aún se invierta, la poca transparencia actual se traducirá en la incredulidad y en una clara incapacidad para debatir y adelantarnos a ese probable evento. En este contexto es que parece pertinente preguntarse: ¿Cómo puede aspirar el Ejecutivo a lograr la implementación de un proceso presupuestal en base a resultados, si al nivel más alto no se establecen metas y retos serios, que impliquen compromisos medibles? ¿Cómo esperar de los otros poderes del Estado y de los niveles más descentralizados un establecimiento de metas y compromisos que realmente tengan un aire reformador si el propio ejecutivo no lo hace? Para ello debería pues buscarse una mejora en el proceso presupuestal que implique metas de ingresos más reales y una definición de los objetivos sobre la eficiencia del gasto más claras. En este sentido el maltrato al INEI, también significa un paso en la dirección contraria. Desprestigiar tan fácilmente el Censo llevado a cabo por la administración anterior, lo único que hace es hacer más dudosas las cifras presentadas por este organismo, las cuales serán la base de evaluación para esos resultados que el Gobierno pretende evaluar. ¿Es más eficiente liderar una “transformación” de la institución deshaciendo de un plumazo y sin una transparente evaluación todo lo que ésta ha venido haciendo en los últimos años, o dotarla más bien de una mayor institucionalidad e independencia que la hagan merecedora de un irrefutable prestigio, imprescindible para la evaluación por resultados que se le quiere atribuir al gasto público? Para ello, las sugerencias de Javier Escobal referidas a la contratación de una auditoria independiente para evaluar el Censo y una mejora en el sistema de rendición de cuentas, aunque representan alternativas de un menor protagonismo y eficacia de corto plazo para el Ejecutivo, son claramente mejores para el ambicioso objetivo final que la misma administración actual se ha impuesto.
La actual discusión sobre la gratuidad de la enseñanza es otro ejemplo de lo mismo. En lugar de debatir cómo mejoramos la educación, gastamos energías en el grado de gratuidad de la misma y la realidad es que las universidades actualmente no competitivas no lo serán porque ahora tengan algo más de recursos. La manera de hacer más eficiente y moderna la capacitación, así como la forma de lograr un proceso de rendición de cuentas justo, prestigiado y creíble es lo que debería ocupar el centro del debate.
La ausencia de seguimiento de los procesos implementados es otra dolencia del Estado peruano. Se traduce en anuncios de medidas que se constituyen en un fin en si mismas y no en el inicio de un proceso de más largo plazo destinado al cumplimiento de objetivos perceptibles por la población. Así, en lo referente a las importantes acciones tomadas por el Gobierno como la evaluación de profesores, la negociación con Telefónica, el aporte minero y el proceso presupuestal basado en resultados, refuerzan a idea de que cada anuncio del ejecutivo es tratado como lo esencial, dejando el cumplimiento objetivos finales como la mejora en la calidad educativa, la mayor cobertura de telefonía e infraestructura pública y el gasto por resultados, relegados a un segundo lugar. Si hacemos la analogía con el sector privado, es como medir a un gerente en base a las visitas o llamadas que hace para vender un producto y no las ventas efectivamente logradas.
Finalmente cabe destacar, que las propuestas de reforma lanzadas por el Presidente en los últimos días parecen estar más enfocadas en lograr esa percepción de eficiencia que en resolver en los verdaderos problemas de Gestión Pública, cuya posibilidad de reforma radica esencialmente en un respeto y fortalecimiento institucional, que hace de éstas y no de las personas las verdaderas protagonistas del cambio. Así, se requiere una reforma en las actitudes, a la que luego reflejaran las leyes, basada en el éxito silencioso de los miles de trabajadores públicos que ven en el logro de sus objetivos, y no en el despliegue mediático de corto plazo, el verdadero éxito. Son mucho más auspiciosas las normas que reflejan una adecuada y factible gestión, que una inexistente gestión obligada a adecuarse a unas inexperimentadas normas.
“La Reforma del Estado en una cuestión más de prácticas que de leyes”; “la gratuidad no es un fin” son frases que encontré en dos columnas de opinión que corresponden a Richard Webb y a Leon Trahtemberg respectivamente y con las cuales no puedo estar más de acuerdo.
En el contexto de ambas frases pues, cabe preguntarse si los teman en la agenda política actual llevan a una real Reforma del Estado o simplemente una “eficiencia” de corto plazo que confunde los fines con los medios. Para ello es bueno revisar las últimas prácticas de la gestión pública.
Uno de las más trascendentales metas de este Gobierno es la elaboración de un presupuesto por resultados, que tiene como objetivo final la eficiencia de los servicios públicos. Sin embargo, si bien nadie está en desacuerdo con esta difícil medida, si deben existir discrepancias sobre la mejor forma de llevarla a cabo y es eso lo que deberíamos estar discutiendo. Aquí, es importante notar el poco respeto al proceso presupuestal actual y el espejismo que vivimos sobre la existencia de una gestión fiscal eficiente. En los últimos años y de forma cada vez más acentuada, el Presupuesto Público es un mero trámite al que todo el mundo le pasa por encima. Bajo el paraguas de una reforma presupuestal de gasto por resultados, el mismo ejecutivo viene arriesgando el éxito de uno de sus principales objetivos al hacernos testigos de una planificación anual que no implica ningún reto, proyectándose ingresos muy por debajo de su real probabilidad de ocurrencia, a fin de no comprometer ningún esfuerzo adicional a correr la ola internacional y sin propiciar la participación del resto de la sociedad. De este modo y por varios años ya, los ingresos del Gobierno han sido muchísimo mayores a los presupuestados, lo que ya llevado a créditos suplementarios que por su superficialidad y rapidez no han servido para hacer más eficiente el gasto sino todo lo contrario. Y nadie pidió un rendimiento de cuentas sobre los recurrentes errores presupuestales. Esto además no es tan inocuo como parece, ya que cuando la tendencia favorable de los precios de los minerales se desacelere o peor aún se invierta, la poca transparencia actual se traducirá en la incredulidad y en una clara incapacidad para debatir y adelantarnos a ese probable evento. En este contexto es que parece pertinente preguntarse: ¿Cómo puede aspirar el Ejecutivo a lograr la implementación de un proceso presupuestal en base a resultados, si al nivel más alto no se establecen metas y retos serios, que impliquen compromisos medibles? ¿Cómo esperar de los otros poderes del Estado y de los niveles más descentralizados un establecimiento de metas y compromisos que realmente tengan un aire reformador si el propio ejecutivo no lo hace? Para ello debería pues buscarse una mejora en el proceso presupuestal que implique metas de ingresos más reales y una definición de los objetivos sobre la eficiencia del gasto más claras. En este sentido el maltrato al INEI, también significa un paso en la dirección contraria. Desprestigiar tan fácilmente el Censo llevado a cabo por la administración anterior, lo único que hace es hacer más dudosas las cifras presentadas por este organismo, las cuales serán la base de evaluación para esos resultados que el Gobierno pretende evaluar. ¿Es más eficiente liderar una “transformación” de la institución deshaciendo de un plumazo y sin una transparente evaluación todo lo que ésta ha venido haciendo en los últimos años, o dotarla más bien de una mayor institucionalidad e independencia que la hagan merecedora de un irrefutable prestigio, imprescindible para la evaluación por resultados que se le quiere atribuir al gasto público? Para ello, las sugerencias de Javier Escobal referidas a la contratación de una auditoria independiente para evaluar el Censo y una mejora en el sistema de rendición de cuentas, aunque representan alternativas de un menor protagonismo y eficacia de corto plazo para el Ejecutivo, son claramente mejores para el ambicioso objetivo final que la misma administración actual se ha impuesto.
La actual discusión sobre la gratuidad de la enseñanza es otro ejemplo de lo mismo. En lugar de debatir cómo mejoramos la educación, gastamos energías en el grado de gratuidad de la misma y la realidad es que las universidades actualmente no competitivas no lo serán porque ahora tengan algo más de recursos. La manera de hacer más eficiente y moderna la capacitación, así como la forma de lograr un proceso de rendición de cuentas justo, prestigiado y creíble es lo que debería ocupar el centro del debate.
La ausencia de seguimiento de los procesos implementados es otra dolencia del Estado peruano. Se traduce en anuncios de medidas que se constituyen en un fin en si mismas y no en el inicio de un proceso de más largo plazo destinado al cumplimiento de objetivos perceptibles por la población. Así, en lo referente a las importantes acciones tomadas por el Gobierno como la evaluación de profesores, la negociación con Telefónica, el aporte minero y el proceso presupuestal basado en resultados, refuerzan a idea de que cada anuncio del ejecutivo es tratado como lo esencial, dejando el cumplimiento objetivos finales como la mejora en la calidad educativa, la mayor cobertura de telefonía e infraestructura pública y el gasto por resultados, relegados a un segundo lugar. Si hacemos la analogía con el sector privado, es como medir a un gerente en base a las visitas o llamadas que hace para vender un producto y no las ventas efectivamente logradas.
Finalmente cabe destacar, que las propuestas de reforma lanzadas por el Presidente en los últimos días parecen estar más enfocadas en lograr esa percepción de eficiencia que en resolver en los verdaderos problemas de Gestión Pública, cuya posibilidad de reforma radica esencialmente en un respeto y fortalecimiento institucional, que hace de éstas y no de las personas las verdaderas protagonistas del cambio. Así, se requiere una reforma en las actitudes, a la que luego reflejaran las leyes, basada en el éxito silencioso de los miles de trabajadores públicos que ven en el logro de sus objetivos, y no en el despliegue mediático de corto plazo, el verdadero éxito. Son mucho más auspiciosas las normas que reflejan una adecuada y factible gestión, que una inexistente gestión obligada a adecuarse a unas inexperimentadas normas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
