La Reforma del Estado

Columna de Claudia Cooper en Gestión, Febrero 6, 2007

“La Reforma del Estado en una cuestión más de prácticas que de leyes”; “la gratuidad no es un fin” son frases que encontré en dos columnas de opinión que corresponden a Richard Webb y a Leon Trahtemberg respectivamente y con las cuales no puedo estar más de acuerdo.
En el contexto de ambas frases pues, cabe preguntarse si los teman en la agenda política actual llevan a una real Reforma del Estado o simplemente una “eficiencia” de corto plazo que confunde los fines con los medios. Para ello es bueno revisar las últimas prácticas de la gestión pública.
Uno de las más trascendentales metas de este Gobierno es la elaboración de un presupuesto por resultados, que tiene como objetivo final la eficiencia de los servicios públicos. Sin embargo, si bien nadie está en desacuerdo con esta difícil medida, si deben existir discrepancias sobre la mejor forma de llevarla a cabo y es eso lo que deberíamos estar discutiendo. Aquí, es importante notar el poco respeto al proceso presupuestal actual y el espejismo que vivimos sobre la existencia de una gestión fiscal eficiente. En los últimos años y de forma cada vez más acentuada, el Presupuesto Público es un mero trámite al que todo el mundo le pasa por encima. Bajo el paraguas de una reforma presupuestal de gasto por resultados, el mismo ejecutivo viene arriesgando el éxito de uno de sus principales objetivos al hacernos testigos de una planificación anual que no implica ningún reto, proyectándose ingresos muy por debajo de su real probabilidad de ocurrencia, a fin de no comprometer ningún esfuerzo adicional a correr la ola internacional y sin propiciar la participación del resto de la sociedad. De este modo y por varios años ya, los ingresos del Gobierno han sido muchísimo mayores a los presupuestados, lo que ya llevado a créditos suplementarios que por su superficialidad y rapidez no han servido para hacer más eficiente el gasto sino todo lo contrario. Y nadie pidió un rendimiento de cuentas sobre los recurrentes errores presupuestales. Esto además no es tan inocuo como parece, ya que cuando la tendencia favorable de los precios de los minerales se desacelere o peor aún se invierta, la poca transparencia actual se traducirá en la incredulidad y en una clara incapacidad para debatir y adelantarnos a ese probable evento. En este contexto es que parece pertinente preguntarse: ¿Cómo puede aspirar el Ejecutivo a lograr la implementación de un proceso presupuestal en base a resultados, si al nivel más alto no se establecen metas y retos serios, que impliquen compromisos medibles? ¿Cómo esperar de los otros poderes del Estado y de los niveles más descentralizados un establecimiento de metas y compromisos que realmente tengan un aire reformador si el propio ejecutivo no lo hace? Para ello debería pues buscarse una mejora en el proceso presupuestal que implique metas de ingresos más reales y una definición de los objetivos sobre la eficiencia del gasto más claras. En este sentido el maltrato al INEI, también significa un paso en la dirección contraria. Desprestigiar tan fácilmente el Censo llevado a cabo por la administración anterior, lo único que hace es hacer más dudosas las cifras presentadas por este organismo, las cuales serán la base de evaluación para esos resultados que el Gobierno pretende evaluar. ¿Es más eficiente liderar una “transformación” de la institución deshaciendo de un plumazo y sin una transparente evaluación todo lo que ésta ha venido haciendo en los últimos años, o dotarla más bien de una mayor institucionalidad e independencia que la hagan merecedora de un irrefutable prestigio, imprescindible para la evaluación por resultados que se le quiere atribuir al gasto público? Para ello, las sugerencias de Javier Escobal referidas a la contratación de una auditoria independiente para evaluar el Censo y una mejora en el sistema de rendición de cuentas, aunque representan alternativas de un menor protagonismo y eficacia de corto plazo para el Ejecutivo, son claramente mejores para el ambicioso objetivo final que la misma administración actual se ha impuesto.
La actual discusión sobre la gratuidad de la enseñanza es otro ejemplo de lo mismo. En lugar de debatir cómo mejoramos la educación, gastamos energías en el grado de gratuidad de la misma y la realidad es que las universidades actualmente no competitivas no lo serán porque ahora tengan algo más de recursos. La manera de hacer más eficiente y moderna la capacitación, así como la forma de lograr un proceso de rendición de cuentas justo, prestigiado y creíble es lo que debería ocupar el centro del debate.
La ausencia de seguimiento de los procesos implementados es otra dolencia del Estado peruano. Se traduce en anuncios de medidas que se constituyen en un fin en si mismas y no en el inicio de un proceso de más largo plazo destinado al cumplimiento de objetivos perceptibles por la población. Así, en lo referente a las importantes acciones tomadas por el Gobierno como la evaluación de profesores, la negociación con Telefónica, el aporte minero y el proceso presupuestal basado en resultados, refuerzan a idea de que cada anuncio del ejecutivo es tratado como lo esencial, dejando el cumplimiento objetivos finales como la mejora en la calidad educativa, la mayor cobertura de telefonía e infraestructura pública y el gasto por resultados, relegados a un segundo lugar. Si hacemos la analogía con el sector privado, es como medir a un gerente en base a las visitas o llamadas que hace para vender un producto y no las ventas efectivamente logradas.
Finalmente cabe destacar, que las propuestas de reforma lanzadas por el Presidente en los últimos días parecen estar más enfocadas en lograr esa percepción de eficiencia que en resolver en los verdaderos problemas de Gestión Pública, cuya posibilidad de reforma radica esencialmente en un respeto y fortalecimiento institucional, que hace de éstas y no de las personas las verdaderas protagonistas del cambio. Así, se requiere una reforma en las actitudes, a la que luego reflejaran las leyes, basada en el éxito silencioso de los miles de trabajadores públicos que ven en el logro de sus objetivos, y no en el despliegue mediático de corto plazo, el verdadero éxito. Son mucho más auspiciosas las normas que reflejan una adecuada y factible gestión, que una inexistente gestión obligada a adecuarse a unas inexperimentadas normas.