Columna de Carlos Adrianzen en Peru 21
Dicen que el pez por la boca muere. Este es, indudablemente, el caso de la reciente reactualización de un proyecto legislativo que buscaría -otra vez- que un iluminado BCR intervenga sobre contratos privados y determine arbitrariamente el tipo de cambio al que se pagarían las deudas denominadas en dólares. Ahora no solo insisten que así facilitarían la desdolarización (una insensatez mayúscula) sino que acusan que, gracias a que hoy no existe este control de cambios suavecito, los bancos comerciales estarían haciendo ganancias 'excesivas'. Frente a esta acusación, varias preguntas caen de maduras: ¿Qué es una ganancia excesiva? ¿Cuándo es adecuada? ¿Quién lo decide? ¿Por qué el BCR va a disponer cuánta ganancia -por diferencia de cambio- va a hacer un banco comercial, Perico de los Palotes o el Banco de la Nación? ¿No será que están siendo imprudentemente expansivos y quieren ser populares con el dólar? No aprenden.
viernes, 30 de marzo de 2007
jueves, 29 de marzo de 2007
¿Retroceder algo, rendirse tal vez?
Columna de Eduardo Morón en El Comercio
Cuando leí hace un par de semanas en El Peruano que el MEF empezaba a desmontar las exoneraciones a las zonas de selva tuve que volver a leerlo para creerlo. Cuando el año pasado empezó todo el proceso de modificaciones tributarias el MEF me invitó a comentar sobre el reto que se tenía en frente. En la reunión ante los empresarios que habían sido convocados para dar sus opiniones señalé enfáticamente que el tema de las exoneraciones era un escándalo pues el gobierno estaba financiando una actividad ilegal. Desde mi punto de vista, el cual seguro no consideraba bien la viabilidad política de la propuesta, el MEF debía avanzar cuanto antes en este tema. Al Ministro no le gustaron mis palabras y se marchó molesto de dicha reunión.
La semana pasada estuve a punto de escribir esta columna echándole flores al ministro por su decisión de empezar este proceso. Caretas incluso le ha puesto el apodo de cocodrilo, en referencia al cazador australiano que no teme enfrentarse a dichos animales. Este proceso implica convencer a las autoridades de dichas regiones que estarán mejor servidas con el nuevo esquema de subsidios directos que en lugar de exoneraciones ciegas. Mientras los subsidios deberían beneficiar a toda la región, las exoneraciones sólo benefician a unos cuantos. Más claro ni el agua, pero como es esperable los directamente afectados iban a continuar su oposición férrea para no perder su supuesto derecho a la mamadera fiscal.
Hace un par de días y vía de fe de erratas en el mismo diario El Peruano el MEF optó por dar un paso atrás y postergar el proceso cuatro meses. La idea es tener un tiempo para convencer a las autoridades regionales de la bondad de lo inicialmente anunciado. La gran debilidad que tiene el gobierno, en particular sus ministros, es que son temporales y por lo tanto representan una posición muy débil frente a una negociación que implica un plazo más largo. Hemos sido testigos de los problemas por los que ha pasado el Perú en la negociación del TLC con EEUU producto de la modificación de los equipos. Cualquier cambio en el equipo sirve para debilitar la posición negociadora del gobierno. Y en el tema de las exoneraciones es urgente partir de una posición fuerte.
El gobierno empieza a perder popularidad en las regiones y seguramente si no hace un trabajo muy fino de manejo político de este tema podría tener una peor situación que haga fracasar esta necesaria reforma. Creemos que el esquema debió partir de un análisis entregado por el MEF donde se demuestre hoy de la enorme ineficacia de este mecanismo y no dentro de dos años cuando el gobierno tenga otras preocupaciones. El MEF ha escogido el camino fácil de decir lo analizaré en lugar de aprovechar el momento político para lograr la reversión de una política claramente errada. Lo peor es que el presidente García le ha movido la alfombra al ministro al reducir los sueldos a los alcaldes. Si estaban en busca de aliados para esta reforma, el presidente se ha encargado de ahuyentarlos. Esperemos que el ministro sepa lidiar con los caimanes que seguro enfrentará en los próximos meses.
Cuando leí hace un par de semanas en El Peruano que el MEF empezaba a desmontar las exoneraciones a las zonas de selva tuve que volver a leerlo para creerlo. Cuando el año pasado empezó todo el proceso de modificaciones tributarias el MEF me invitó a comentar sobre el reto que se tenía en frente. En la reunión ante los empresarios que habían sido convocados para dar sus opiniones señalé enfáticamente que el tema de las exoneraciones era un escándalo pues el gobierno estaba financiando una actividad ilegal. Desde mi punto de vista, el cual seguro no consideraba bien la viabilidad política de la propuesta, el MEF debía avanzar cuanto antes en este tema. Al Ministro no le gustaron mis palabras y se marchó molesto de dicha reunión.
La semana pasada estuve a punto de escribir esta columna echándole flores al ministro por su decisión de empezar este proceso. Caretas incluso le ha puesto el apodo de cocodrilo, en referencia al cazador australiano que no teme enfrentarse a dichos animales. Este proceso implica convencer a las autoridades de dichas regiones que estarán mejor servidas con el nuevo esquema de subsidios directos que en lugar de exoneraciones ciegas. Mientras los subsidios deberían beneficiar a toda la región, las exoneraciones sólo benefician a unos cuantos. Más claro ni el agua, pero como es esperable los directamente afectados iban a continuar su oposición férrea para no perder su supuesto derecho a la mamadera fiscal.
Hace un par de días y vía de fe de erratas en el mismo diario El Peruano el MEF optó por dar un paso atrás y postergar el proceso cuatro meses. La idea es tener un tiempo para convencer a las autoridades regionales de la bondad de lo inicialmente anunciado. La gran debilidad que tiene el gobierno, en particular sus ministros, es que son temporales y por lo tanto representan una posición muy débil frente a una negociación que implica un plazo más largo. Hemos sido testigos de los problemas por los que ha pasado el Perú en la negociación del TLC con EEUU producto de la modificación de los equipos. Cualquier cambio en el equipo sirve para debilitar la posición negociadora del gobierno. Y en el tema de las exoneraciones es urgente partir de una posición fuerte.
El gobierno empieza a perder popularidad en las regiones y seguramente si no hace un trabajo muy fino de manejo político de este tema podría tener una peor situación que haga fracasar esta necesaria reforma. Creemos que el esquema debió partir de un análisis entregado por el MEF donde se demuestre hoy de la enorme ineficacia de este mecanismo y no dentro de dos años cuando el gobierno tenga otras preocupaciones. El MEF ha escogido el camino fácil de decir lo analizaré en lugar de aprovechar el momento político para lograr la reversión de una política claramente errada. Lo peor es que el presidente García le ha movido la alfombra al ministro al reducir los sueldos a los alcaldes. Si estaban en busca de aliados para esta reforma, el presidente se ha encargado de ahuyentarlos. Esperemos que el ministro sepa lidiar con los caimanes que seguro enfrentará en los próximos meses.
sábado, 17 de marzo de 2007
Exoneraciones tributarias
Columna de Gianfranco Castagnola en Peru 21
La evidencia empírica ha demostrado la ineficacia de las exoneraciones tributarias como instrumento para promover el desarrollo de zonas geográficas y de mercados específicos. En el caso peruano, las 244 exoneraciones existentes representan, además, un costo fiscal elevado (equivalente al 1.8% del PBI), desordenan el marco tributario, dificultan su administración, generan privilegios e inducen a comportamientos delictivos. El gasto público bien dirigido es un mecanismo mucho más eficiente y eficaz para generar desarrollo y redistribuir riqueza. Por ello, el Gobierno ha dado un paso muy importante con la aprobación de un marco que elimina, gradualmente, las exoneraciones en la zona de selva. La recaudación proveniente de esta medida se destinará a inversiones en infraestructura en dicha zona. Es decir, se ha sustituido un subsidio ciego -como son las exoneraciones- por un gasto que, bien realizado, tendrá un impacto mucho más favorable en la población.
La evidencia empírica ha demostrado la ineficacia de las exoneraciones tributarias como instrumento para promover el desarrollo de zonas geográficas y de mercados específicos. En el caso peruano, las 244 exoneraciones existentes representan, además, un costo fiscal elevado (equivalente al 1.8% del PBI), desordenan el marco tributario, dificultan su administración, generan privilegios e inducen a comportamientos delictivos. El gasto público bien dirigido es un mecanismo mucho más eficiente y eficaz para generar desarrollo y redistribuir riqueza. Por ello, el Gobierno ha dado un paso muy importante con la aprobación de un marco que elimina, gradualmente, las exoneraciones en la zona de selva. La recaudación proveniente de esta medida se destinará a inversiones en infraestructura en dicha zona. Es decir, se ha sustituido un subsidio ciego -como son las exoneraciones- por un gasto que, bien realizado, tendrá un impacto mucho más favorable en la población.
miércoles, 14 de marzo de 2007
La insensatez del consenso
Columna de Carlos Adrianzén en Peru 21
De un tiempo a esta parte, en nuestro país, se nos ha hecho creer que nada debe hacerse sin alcanzar consensos. Esta perspectiva es profundamente errada. En ausencia de gobiernos e instituciones sólidas, abundan los consensos construidos sobre abrumador sinsentido económico. Por ejemplo, iniciativas legales tan populares y destructivas como el proyecto de Ley General del Trabajo (que grafica arreglos entre burócratas, sindicatos y empresarios a espaldas de la mayoría de peruanos), o la que nos habla de la libre desafiliación de las AFP (acordada entre demagogos vinculados a gobiernos pasados que esquilmaron las jubilaciones del IPSS y algunos de los esquilmados), resultan ejemplos meridianos de las muchas estupideces que podemos realizar. por consenso. Claro está, los consensos lúcidos existen. Pero, nótese, estos resultan muy difíciles de construir. Se estructuran sobre visiones largoplacistas y requieren de algo que hoy adolecemos severamente: líderes responsables y educados, e instituciones pro-éxito.
De un tiempo a esta parte, en nuestro país, se nos ha hecho creer que nada debe hacerse sin alcanzar consensos. Esta perspectiva es profundamente errada. En ausencia de gobiernos e instituciones sólidas, abundan los consensos construidos sobre abrumador sinsentido económico. Por ejemplo, iniciativas legales tan populares y destructivas como el proyecto de Ley General del Trabajo (que grafica arreglos entre burócratas, sindicatos y empresarios a espaldas de la mayoría de peruanos), o la que nos habla de la libre desafiliación de las AFP (acordada entre demagogos vinculados a gobiernos pasados que esquilmaron las jubilaciones del IPSS y algunos de los esquilmados), resultan ejemplos meridianos de las muchas estupideces que podemos realizar. por consenso. Claro está, los consensos lúcidos existen. Pero, nótese, estos resultan muy difíciles de construir. Se estructuran sobre visiones largoplacistas y requieren de algo que hoy adolecemos severamente: líderes responsables y educados, e instituciones pro-éxito.
jueves, 8 de marzo de 2007
Aprendiendo a comprar
Columna de Eduardo Morón en El Comercio
La vida siempre tiene contrastes. Este último mes el gobierno peruano por un lado estrenó el sistema de subastas inversas virtuales y junto a ello los papelones en las compras estatales han estado a la orden del día. Ante la vista de todos el Estado ha demostrado una abrumadora incompetencia para comprar patrulleros, ambulancias, útiles escolares y Dios sabe que más saldrá a la luz pública. En medio del cargamontón se han dicho cosas que no tienen sentido, una ministra se ha ido a su casa mientras otros ministros se han puesto una tuerca más en el asiento. Varios funcionarios públicos han sido “invitados” a renunciar y más de uno tendrá que afrontar algún proceso por haber sido parte de estas compras.
Lo cierto es que muchos no entienden que lo que está mal son los mecanismos y reglas que el Estado tiene para comprar. De nada sirve que se establezcan comisiones investigadoras para 10 o 20 años de licitaciones si lo que estuvo mal fueron los procesos bajo los cuales contrata el Estado. Es decir, si hay un sobreprecio, esa pérdida no es fruto de un delito sino de que se siguieron unas reglas y un procedimiento que está hecho sin pensar en que el Estado podría ahorrar recursos comprando de otra manera. No se puede acusar al funcionario público o a las empresas que participan en dichas licitaciones de corruptos. Si el funcionario público sabe que siguiendo las normas dicha compra no va a darle el mejor resultado al Estado pero no siguiéndolas él va preso es imposible que opte por el segundo camino. ¡Habría que ser idiota!
La solución no está únicamente en que el precio lo fije alguien ajeno al sector público tal como lo ha sugerido una propuesta presidencial. Muchas veces eso no basta. A veces el precio de referencia es fácil porque el bien o servicio que se va a adquirir es muy estandarizado. Ejemplo de ello la compra de SOAT para la flota de vehículos del Estado. Las empresas no pueden ofrecer distintos “seguros” sino todas ofrecen el mismo SOAT, lo que resolverá quien se adjudica la licitación será el que ponga el precio más bajo y punto. ¿Pero cuanto menos podría ser el precio final si hago una segunda ronda sólo informando a los postores de cuál fue el precio mínimo y abriendo otra vez la posibilidad de ofrecer un nuevo precio más bajo?
Algo muy distinto pasa si lo que quiero comprar ni siquiera se vende regularmente en el mercado. En ese caso, ¿cómo establezco un precio de referencia? ¿Se lo pregunto a los potenciales proveedores? Si lo hago, que es como se hace aquí lo obvio es que ellos me entreguen precios más altos que los que podrían estar dispuestos a vender. El quid del asunto en el diseño de mecanismos es hacer que los postores revelen el precio mínimo al que están dispuestos a vender. Una opción eficiente para extraer esa información es la subasta inversa que se ha empezado a utilizar en el Estado desde fines del 2005. El problema es que aún el número de bienes que pueden adquirirse por esta vía es muy limitado y recién este año se hace de manera virtual. En México la mitad de las más de licitaciones ya son electrónicas a través del sistema Compranet Plus, una plataforma electrónica que funciona desde 1996. Y no estamos hablando de comprar papel y lápices, el gobierno de México gasta US$ 30 mil millones al año a través de este mecanismo. Esto ya se utiliza no sólo en México sino también en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los invito a entrar a www.chilecompra.cl cuan distinto pueden hacerse las cosas. Una vez más mi recomendación en este tema es que el gobierno debe aprender a utilizar la fuerza del mercado para obtener un mejor precio y un mejor servicio. El CONSUCODE es el llamado a liderar este esfuerzo, el presidente no debería empujarlo a un costado.
La vida siempre tiene contrastes. Este último mes el gobierno peruano por un lado estrenó el sistema de subastas inversas virtuales y junto a ello los papelones en las compras estatales han estado a la orden del día. Ante la vista de todos el Estado ha demostrado una abrumadora incompetencia para comprar patrulleros, ambulancias, útiles escolares y Dios sabe que más saldrá a la luz pública. En medio del cargamontón se han dicho cosas que no tienen sentido, una ministra se ha ido a su casa mientras otros ministros se han puesto una tuerca más en el asiento. Varios funcionarios públicos han sido “invitados” a renunciar y más de uno tendrá que afrontar algún proceso por haber sido parte de estas compras.
Lo cierto es que muchos no entienden que lo que está mal son los mecanismos y reglas que el Estado tiene para comprar. De nada sirve que se establezcan comisiones investigadoras para 10 o 20 años de licitaciones si lo que estuvo mal fueron los procesos bajo los cuales contrata el Estado. Es decir, si hay un sobreprecio, esa pérdida no es fruto de un delito sino de que se siguieron unas reglas y un procedimiento que está hecho sin pensar en que el Estado podría ahorrar recursos comprando de otra manera. No se puede acusar al funcionario público o a las empresas que participan en dichas licitaciones de corruptos. Si el funcionario público sabe que siguiendo las normas dicha compra no va a darle el mejor resultado al Estado pero no siguiéndolas él va preso es imposible que opte por el segundo camino. ¡Habría que ser idiota!
La solución no está únicamente en que el precio lo fije alguien ajeno al sector público tal como lo ha sugerido una propuesta presidencial. Muchas veces eso no basta. A veces el precio de referencia es fácil porque el bien o servicio que se va a adquirir es muy estandarizado. Ejemplo de ello la compra de SOAT para la flota de vehículos del Estado. Las empresas no pueden ofrecer distintos “seguros” sino todas ofrecen el mismo SOAT, lo que resolverá quien se adjudica la licitación será el que ponga el precio más bajo y punto. ¿Pero cuanto menos podría ser el precio final si hago una segunda ronda sólo informando a los postores de cuál fue el precio mínimo y abriendo otra vez la posibilidad de ofrecer un nuevo precio más bajo?
Algo muy distinto pasa si lo que quiero comprar ni siquiera se vende regularmente en el mercado. En ese caso, ¿cómo establezco un precio de referencia? ¿Se lo pregunto a los potenciales proveedores? Si lo hago, que es como se hace aquí lo obvio es que ellos me entreguen precios más altos que los que podrían estar dispuestos a vender. El quid del asunto en el diseño de mecanismos es hacer que los postores revelen el precio mínimo al que están dispuestos a vender. Una opción eficiente para extraer esa información es la subasta inversa que se ha empezado a utilizar en el Estado desde fines del 2005. El problema es que aún el número de bienes que pueden adquirirse por esta vía es muy limitado y recién este año se hace de manera virtual. En México la mitad de las más de licitaciones ya son electrónicas a través del sistema Compranet Plus, una plataforma electrónica que funciona desde 1996. Y no estamos hablando de comprar papel y lápices, el gobierno de México gasta US$ 30 mil millones al año a través de este mecanismo. Esto ya se utiliza no sólo en México sino también en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los invito a entrar a www.chilecompra.cl cuan distinto pueden hacerse las cosas. Una vez más mi recomendación en este tema es que el gobierno debe aprender a utilizar la fuerza del mercado para obtener un mejor precio y un mejor servicio. El CONSUCODE es el llamado a liderar este esfuerzo, el presidente no debería empujarlo a un costado.
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